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Marco legal

Qué cambió con la Ley 47-25 para las MiPyMEs dominicanas

La nueva Ley de Contrataciones Públicas trae cambios importantes para las pequeñas y medianas empresas. Te explicamos qué es nuevo, qué oportunidades abre y qué debes saber.

En 2025, la República Dominicana aprobó la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que reemplazó a la Ley 340-06 que había estado vigente por casi 20 años. Para las MiPyMEs que venden o quieren vender al Estado, esta ley trae cambios concretos que vale la pena entender.

Su reglamento de aplicación, el Decreto 52-26, entró en vigor en 2026 y define los procedimientos operativos bajo el nuevo marco legal.

¿Por qué cambió la ley?

La Ley 340-06 fue diseñada para un contexto diferente — antes de que existiera el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), antes de que las MiPyMEs tuvieran acceso masivo a internet, y antes de que el Estado dominicano manejara el volumen de contrataciones actual.

La Ley 47-25 moderniza el marco legal para hacerlo más transparente, más digital y más accesible para empresas pequeñas.

Los cambios más importantes para las MiPyMEs

1. Procesos reservados para MiPyMEs

La Ley 47-25 establece que ciertos procesos de compra pueden ser reservados exclusivamente para micro, pequeñas y medianas empresas. Esto significa que en esos procesos no compites con grandes corporaciones — solo con empresas de tu mismo tamaño.

Para acceder a estos procesos necesitas la Certificación MiPyME del MICM, que es gratuita.

2. Umbrales actualizados para 2026

El Reglamento 52-26 estableció nuevos umbrales que determinan qué modalidad de contratación aplica según el monto. Estos umbrales se actualizan periódicamente y definen si un proceso es Compra Menor, Comparación de Precios, Licitación Pública Nacional o Internacional.

Conocer los umbrales te ayuda a identificar qué tipo de procesos son más accesibles para tu empresa según su capacidad financiera.

3. Mayor digitalización del proceso

La nueva ley refuerza el uso obligatorio del SECP para publicar procesos, recibir ofertas y notificar resultados. Esto reduce las barreras de entrada para empresas que antes tenían que ir físicamente a las instituciones.

4. Transparencia en criterios de evaluación

La Ley 47-25 exige que los criterios de evaluación estén definidos con claridad en el pliego antes de que empiece el proceso. Esto protege a los participantes de evaluaciones arbitrarias y permite que cualquier empresa entienda desde el principio cómo se van a puntuar las ofertas.

5. Informe de evaluación accesible

Si no resultaste adjudicado, ahora tienes derecho formal a solicitar el informe de evaluación. Esto es valioso para entender por qué perdiste y mejorar en futuros procesos.

6. Plazos de pago más cortos

Uno de los problemas históricos de las empresas que venden al Estado dominicano es el tiempo de espera para cobrar. La Ley 47-25 establece plazos máximos de pago y mecanismos para reclamar intereses por pagos tardíos — algo que la ley anterior no garantizaba con la misma claridad.

Lo que no cambió

El registro en el RPE sigue siendo obligatorio. Los documentos básicos (DGII, TSS, Registro Mercantil) siguen siendo necesarios. Y la competencia sigue siendo real — la ley facilita el acceso pero no garantiza adjudicaciones.

El mercado en números

En el primer trimestre de 2026, el Estado dominicano publicó 14,312 procesos de compra y adjudicó contratos por RD$33,642 millones. De eso, RD$12,151 millones fueron a MiPyMEs — un aumento de 241% frente al mismo período de 2025.

Esos números reflejan que la política de incluir MiPyMEs en compras públicas está produciendo resultados reales. El marco legal de la Ley 47-25 es el que sostiene ese crecimiento.

Cómo prepararte para este nuevo entorno

El cambio legal abre más puertas, pero también exige más preparación. Los procesos son más formales, más digitales y más competidos. Las empresas que llegan organizadas — con documentos al día, pliegos analizados y propuestas bien preparadas — son las que se adjudican.

NormGub está construido sobre el marco de la Ley 47-25 y el Reglamento 52-26. Norma analiza los pliegos con ese marco como referencia y el sistema te ayuda a cumplir los requisitos que la nueva ley exige.

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